Después de 15 años de mantener una política restrictiva en el cambio de divisas en Venezuela, el pasado 2 de agosto, la Asamblea Constituyente de Venezuela anunció la derogación de la “Ley de Ilícitos Cambiarios” aprobada por Hugo Chávez en 2003, en la que prohibía a los ciudadanos comprar divisas sin el permiso del Gobierno.
Esta derogación entrará en vigor el 20 de agosto de 2018, por lo que el país de Venezuela queda facultado para realizar cambio de divisas en las casas de cambio autorizadas por el Gobierno, a fin de realizar cualquier operación de manera transparente, legal y segura. De acuerdo a las declaraciones del actual coordinador de políticas económicas de Venezuela, Tareck el Aissami, este decreto tiene como objetivo facilitar que cualquier persona haga operaciones legalmente, bajo el amparo de la Constitución y las leyes, sin incurrir en algún tipo de acto ilícito o ser víctima de cambistas. Además, el Gobierno quiere buscar con esta nueva política reducir y eliminar las casas de cambio ilegales que han operado en Venezuela ante la imposibilidad de obtener divisas de manera legal.
Este decreto es parte de un paquete de medidas económicas en las que están incluidas la reconversión de la moneda, eliminando 5 (cinco) ceros al bolívar; la adopción de la cripto-moneda “petro”; la exoneración de impuestos por un año a la importación de materia prima y maquinaria, a fin de estimular, proteger y reactivar la economía venezolana, entre otras. Estas medidas entrarán en vigor este 20 de agosto como un salvavidas ante un escenario nada prometedor para la economía venezolana. Además de los reportes generalizados y recurrentes sobre la escasez de alimentos y medicinas, el Fondo Monetario Internacional ha indicado recientemente que Venezuela ha perdido la mitad de su economía desde el 2013 y que al término de este año sufrirá una hiperinflación de 1 000 000%.
Aunque es muy prematuro hacer algún comentario sobre estas medidas económicas, la liberación del cambio de divisas supone ser un alivio para aquellas personas que tienen interés en inmigrar a los Estados Unidos como inversionistas. Las medidas restrictivas de 2003 resultaban ser un impedimento a los inversionistas por temor a ser defraudados o perder su dinero a través de los mercados negros o el llamado mercado paralelo. Este decreto “promete” dar certeza a este grupo de personas que quieren invertir en los Estados Unidos, comprando divisas sin restricción alguna y de manera legal. Sólo queda esperar a que el Gobierno de Venezuela proporcione los detalles sobre la apertura de casas de cambio y el tipo de cambio a establecer.
