La AAUP y profesionales inmigrantes presentan una demanda contra el programa de visas “Gold Card” de la Administración de Trump por considerarlo un esquema ilegal de pago por acceso

Comunicado de Prensa

La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP, por sus siglas en inglés) y un grupo de profesionales inmigrantes presentaron hoy una demanda federal contra el programa de visas “Gold Card” de la Administración de Trump. La demanda sostiene que el programa vende de forma ilegal la residencia en Estados Unidos a personas adineradas y desplaza a científicos, investigadores, ingenieros y otros profesionales altamente cualificados, a quienes el Congreso ordenó dar prioridad dentro del sistema migratorio.

La acción legal impugna un programa creado a raíz de una orden ejecutiva emitida el 19 de septiembre de 2025. Dicha orden permite acceder a visas de inmigrante EB-1 y EB-2 únicamente en función de pagos mínimos de un millón de dólares por parte de personas físicas o de dos millones de dólares por parte de empresas. El programa ignora así los requisitos de mérito establecidos por el Congreso. Según la demanda, el programa —administrado por los Departamentos de Seguridad Nacional, Estado y Comercio— transforma de manera ilegal categorías de visas basadas en el empleo, diseñadas para atraer a los mejores talentos al país, en una vía rápida basada en la capacidad de pago.

Al desviar un número limitado de visas y recursos administrativos hacia quienes pueden pagar un trámite acelerado, el programa amenaza con alargar los tiempos de espera y negar oportunidades a profesionales cualificados que ya están en la fila. La demanda solicita al tribunal que declare ilegal el programa Gold Card y ordene su suspensión.

«La Gold Card, que otorga privilegios a inmigrantes con grandes recursos económicos frente a otros, forma parte de un ataque más amplio contra las personas inmigrantes, la investigación y la educación superior», señaló Todd Wolfson, presidente de la AAUP. «Este programa ilegal perjudica de forma directa a nuestros miembros y al interés público. Nos oponemos con firmeza».

«El Congreso estableció un marco claro y basado en el mérito para la inmigración por motivos laborales, con límites estrictos sobre quién puede acceder y cómo se asignan las visas», afirmó Sarah Wilson, socia y responsable del área de litigio federal en Colombo & Hurd. «El programa Gold Card intenta eludir ese sistema al tratar la riqueza como si sustituyera los requisitos legales y, al hacerlo, perjudica a los científicos, investigadores y profesionales que han cumplido las normas y han esperado su turno. Cuando las visas son limitadas y existe un retraso acumulado, crear una vía rápida de pago empuja inevitablemente a las personas cualificadas aún más atrás en la lista».

«Una vez más, el presidente se extralimita en sus competencias e intenta remodelar nuestro país para beneficiar a los más ricos en lugar de servir a la ciudadanía», afirmó el embajador Norm Eisen (ret.), cofundador y presidente ejecutivo de Democracy Defenders Fund. «Estados Unidos se construyó sobre la promesa de la oportunidad y el mérito, no sobre quién puede firmar el cheque más grande. Olvídense de “dadnos a vuestros cansados, a vuestros pobres, a vuestras masas apiñadas”: esta administración pretende convertir el sistema migratorio en un terreno de juego para el mejor postor y dejar de lado a científicos, ingenieros, innovadores y a tantas otras personas que pueden mejorar y enriquecer nuestras vidas».

«Este caso se refiere a otro más de los numerosos episodios en los que esta administración desafía las leyes federales para imponer preferencias de política a corto plazo», señaló Allison Zieve, directora del Public Citizen Litigation Group. «También es otro ejemplo de cómo esta administración ignora la Constitución, que establece con claridad que ninguna administración —ni ningún presidente— está por encima de la ley».

La demanda fue presentada en nombre de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios; Rodrigo Cerna-Chavez; William Daniel Moscoso-Barrera; Yu-Ting Tsai; Aldo S. Estrada-Montaño; Ma. Elena Hernández Cepeda; y Richmond Djorgbenoo, por Democracy Defenders Fund, Colombo & Hurd y Public Citizen Litigation Group.