4 min read

Familias inmigrantes, trabajadores y organizaciones de ayuda legal actualizan la demanda en CLINIC v. Rubio contra las políticas ampliadas del Departamento de Estado que bloquean visas de inmigrante en todo el mundo

NUEVA YORK — Un grupo de ciudadanos estadounidenses que han solicitado visas para sus familiares inmigrantes, junto con trabajadores varados en el extranjero y organizaciones sin fines de lucro, presentaron hoy una demanda actualizada en el caso CLINIC v. Rubio para impugnar el sistema global de tramitación de visas por “carga pública” (public charge) del Departamento de Estado.

La demanda sostiene que el esquema del Departamento de Estado está diseñado para imponer nuevas y considerables cargas a quienes solicitan una visa de inmigrante, y para rechazar las solicitudes o dejar a los solicitantes en un limbo administrativo indefinido, en lugar de tramitarlas conforme a la ley. Las directivas de “carga pública” crean nuevos criterios de inadmisibilidad y suman capas abrumadoras de evaluación adicional y revisión centralizada que amenazan con paralizar la tramitación de visas de inmigrante en todo el mundo, incluso para quienes ya completaron todos los pasos legales. 

La demanda enmendada amplía la demanda original, presentada el 2 de febrero, que impugnaba la discriminatoria prohibición por “carga pública” impuesta por el Departamento de Estado a la tramitación de visas de inmigrante para personas de 75 países. En agosto, un tribunal federal declaró ilegal esa prohibición y la anuló, y los demandantes siguen exigiendo al gobierno que cumpla las órdenes del tribunal, pues muchos continúan en un limbo administrativo. Una de las demandantes, una arquitecta de Colombia cuya solicitud de visa había sido aprobada mediante una dispensa por interés nacional (national interest waiver) –que reconoce que su trabajo beneficiaría a los Estados Unidos–, fue rechazada posteriormente en virtud de la prohibición de visas para 75 países. Una vez que el tribunal anuló la prohibición, se le exigió volver a presentarse a una entrevista conforme a las nuevas reglas de carga pública. Pese a que nada indicaba que no cumpliera los requisitos, la embajada le informó, sin dar ninguna explicación, que su caso se devolvía a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) con la solicitud de revocar su petición aprobada.  

La demanda enmendada incluye nuevos demandantes individuales, entre ellos personas a quienes se les informó que sus visas habían sido aprobadas, pero luego esas aprobaciones se revirtieron y sus casos volvieron a procesamiento administrativo. Los demandantes sufren la separación continua de sus familias, pierden oportunidades de trabajo en los Estados Unidos o resultan perjudicados de otras maneras por la demora indefinida en la tramitación de las visas. Entre ellos hay padres con bebés recién nacidos que estuvieron separados el uno del otro durante el nacimiento de su hijo, personas que han gastado miles de dólares en el proceso de solicitud sin ver una resolución a la vista, y personas que sufren graves consecuencias de salud por el desgaste que el proceso ha supuesto para ellas y sus familias.  

Los abogados de los demandantes señalaron en una declaración conjunta: “En lugar de tramitar las visas de inmigrante caso por caso, como lo previó el Congreso, el Departamento de Estado ha inventado un esquema arbitrario y de gran alcance que sepulta a las personas en papeleo y que, en última instancia, busca aumentar la probabilidad de que se rechacen las visas y limitar la inmigración legal por cualquier medio. Nuestros demandantes, al igual que muchas otras personas en todo el mundo, llevan un tiempo indefinido esperando una decisión sobre sus casos, aun después de haber cumplido todos los pasos exigidos. Igual que la prohibición de 75 países, esta maniobra de visas es contraria a la ley, y vamos a seguir buscando justicia para todas las personas afectadas.” 

Entre los demandantes en el caso se encuentran Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC); African Communities Together; y personas afectadas por la prohibición. Los demandantes están representados por el National Immigration Law Center, Democracy Forward, The Legal Aid Society, el Western Center on Law & Poverty, el Center for Constitutional Rights y Colombo & Hurd, quienes presentaron la demanda ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. 

Los demandados son el secretario del Departamento de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, y el propio Departamento de Estado de los EE. UU. 

Lee la demanda enmendada y los documentos judiciales anteriores.  

Artículos Relacionados

chambers

Colombo & Hurd es reconocida entre los principales bufetes de inmigración del país en la Guía Chambers USA 2026

Las elecciones de 2026 e inmigración: qué cambia, qué se mantiene y qué sigue

eb -2

El petróleo como prioridad de defensa nacional: qué significa el memorando de octubre de 2026 sobre la Ley de Producción para la Defensa para la EB-2 NIW

L-1

Visa L-1A vs. L-1B: diferencias clave y qué categoría corresponde a su puesto (2026)