En medio de reportes de una “pausa” masiva de visas, organizaciones presentan una moción de emergencia para hacer cumplir la orden judicial que anuló la prohibición de visas para 75 países

Comunicado de prensa

NUEVA YORK — Familias inmigrantes, trabajadores y grupos de asistencia legal afectados por la prohibición de visas de inmigrante para 75 países impuesta por el gobierno de Trump presentaron una moción de emergencia para hacer cumplir la orden judicial y la sentencia dictadas el viernes en el caso CLINIC c. Rubio. La presentación responde directamente a los reportes de que el Departamento de Estado ordenó una “pausa” global en las citas para visas de inmigrante, alegando como motivo un programa de capacitación, luego de que el tribunal emitiera su orden. El viernes 21 de agosto, un tribunal federal anuló la prohibición general que el gobierno de Trump aplicó al procesamiento de visas de inmigrante para personas de 75 países y determinó que el Secretario de Estado no tenía autoridad para “pausar” ni suspender el procesamiento de visas.

“El fallo del 21 de agosto creó un camino importante para las familias que han estado esperando que sus casos de visa de inmigrante avancen”, señaló Adriana Coppola, abogada supervisora de asuntos emergentes en CLINIC. “La moción de emergencia de CLINIC se centra en asegurar que la decisión del tribunal se implemente de una manera que permita que esos casos avancen de forma justa, individual y con respeto por la dignidad de cada persona y por la importancia de la reunificación familiar”.

“Las familias que han esperado durante meses para reunirse con sus seres queridos siguen separadas por océanos de por medio como resultado de que el gobierno se niega a acatar la orden del tribunal y a levantar la prohibición general de visas”, declaró Efrén C. Olivares, vicepresidente de litigios y estrategia legal en el National Immigration Law Center (NILC). “Seguimos buscando justicia para nuestros demandantes y hemos solicitado al tribunal medidas que aseguren que el gobierno cumpla con la orden y la sentencia de inmediato”.

“Las órdenes del tribunal fueron sumamente claras: la prohibición de visas del gobierno de Trump y Vance es ilegal y no puede aplicarse”, afirmó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “Sin embargo, el gobierno está ignorando de manera atroz y flagrante una orden judicial debidamente emitida y aplicando políticas ilegales que continúan causando un enorme daño a familias y comunidades en todo el país. En nombre de nuestros valientes clientes, le pedimos al tribunal que haga cumplir su sentencia y garantice que el gobierno ponga fin a este abuso de poder”.

“El tribunal fue claro: el Departamento de Estado no puede simplemente dejar de procesar visas de inmigrante porque así lo decide. Sin embargo, días después de ese fallo, el gobierno parece estar haciendo exactamente eso bajo otro nombre”, sostuvo Antionette Dozier, abogada principal del Western Center on Law & Poverty. “Este descarado intento de eludir la ley sigue manteniendo a las familias separadas, alterando vidas y dejando en el limbo a personas que ya han soportado meses de incertidumbre. Una orden judicial no es una sugerencia. El gobierno debe cumplir la ley y reanudar el procesamiento de estas visas”.

“La conducta habitual de este gobierno parece ser el desorden y la ilegalidad, dondequiera que eso sirva para perjudicar y excluir a familias de color”, expresó Baher Azmy, director legal del Center for Constitutional Rights. “El poder ejecutivo no debería tener que ser obligado, una vez más, a cumplir la ley; sin embargo, necesitamos una intervención judicial adicional para proteger a esas familias que el gobierno parece decidido a castigar”.

“Los programas legítimos de capacitación a nivel global no se implementan de esta manera”, subrayó Sarah Wilson, socia y líder de la práctica de litigios federales de inmigración en Colombo & Hurd. “Confiamos en que el tribunal lo verá por lo que es: un incumplimiento descarado de una orden judicial reflexiva y bien fundamentada”.

“La decisión del tribunal dejó en claro que la prohibición es ilegal y que debe continuar el procesamiento de las visas para las familias y los trabajadores afectados directamente por ella”, comentó Susan Welber, abogada supervisora de la práctica civil en The Legal Aid Society. “El indignante intento de los demandados de obstaculizar el procesamiento de dichas visas en todo el mundo delata hostilidad y pretexto”.

“El gobierno no puede seguir eludiendo el sistema legal. Esta prohibición es injusta, y el tribunal así lo ha reconocido. No permitiremos que el gobierno siga separando familias y atacando a nuestras comunidades. Debe reanudar el procesamiento de visas y cumplir la ley”, indicó Diana Konaté, directora ejecutiva adjunta de African Communities Together.

El National Immigration Law Center, Democracy Forward, The Legal Aid Society, el Western Center on Law & Poverty, el Center for Constitutional Rights y Colombo & Hurd presentaron la demanda en nombre de Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC); African Communities Together; y personas cuyas vidas fueron afectadas por la prohibición. El caso se presentó el 2 de febrero ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

La demanda sostuvo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso a la inmigración legal una barrera ilegal, discriminatoria y basada en la nacionalidad, que priva a las familias y a los trabajadores del proceso garantizado por la ley. El gobierno de Trump alegó sin fundamento el riesgo de “carga pública” como justificación declarada para la prohibición, tras difamar de manera implacable y cruel a las comunidades inmigrantes, en particular a las comunidades de color.

Los demandados del caso son el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Lea la decisión de la semana pasada aquí y la respuesta a la decisión aquí.