Nueva demanda impugna políticas de la administración que suponen una amenaza de separación familiar para los solicitantes de la green card

Boston — Familias inmigrantes, trabajadores, educadores, sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes presentaron hoy una demanda en la que impugnan dos políticas de la administración que hacen significativamente más difícil, o imposible, que inmigrantes elegibles que ya viven en Estados Unidos obtengan la residencia permanente legal, comúnmente conocida como green card, sin salir del país.

La demanda impugna nuevas políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que alteran fundamentalmente el proceso de larga data conocido como “ajuste de estatus”, el cual fue creado por el Congreso para permitir que inmigrantes elegibles que ya se encuentran en Estados Unidos soliciten la residencia permanente sin tener que dejar atrás a sus familias, empleos y comunidades para tramitar una green card en el extranjero.

Las políticas impugnadas son las siguientes:

• Política de Ajuste de Estatus, emitida en mayo de 2026: USCIS instruye a los oficiales de inmigración a tratar como un factor negativo, al resolver una solicitud, la decisión del solicitante de buscar la residencia permanente desde dentro de Estados Unidos, en lugar de salir del país para tramitarla por la vía consular. También exige que los solicitantes demuestren consideraciones “inusuales o incluso sobresalientes” para superar ese factor negativo.
• Política sobre evidencia, solicitudes de evidencia adicional y notificaciones de intención de denegar, emitida en agosto de 2026: permite que los oficiales de USCIS denieguen solicitudes sin dar a los solicitantes la oportunidad de presentar evidencia adicional, incluyendo a personas que presentaron sus solicitudes de green card antes de que existieran las nuevas políticas.

Las políticas cambian las reglas para las personas que han seguido el proceso legal para buscar la residencia permanente y las ponen en riesgo de perder su capacidad de vivir y trabajar en Estados Unidos, ser separadas de sus familias y ver interrumpidas sus carreras y su educación.

Las organizaciones demandantes prestan servicios a inmigrantes en todo el país que buscan la residencia permanente, incluidos educadores e investigadores, trabajadores de la salud, trabajadores del sector servicios y personas cuyos cónyuges y otros familiares cercanos están solicitando green cards. Los demandantes individuales incluyen personas que han construido carreras, criado hijos, cursado sus estudios y establecido sus vidas en Estados Unidos, pero cuya capacidad de permanecer con sus familias y comunidades ahora se ve amenazada por las políticas impugnadas. Se trata de la American Association of University Professors (AAUP) y sus capítulos de Harvard University (Harvard AAUP) y Boston University (BU AAUP); Service Employees International Union (SEIU); SEIU Local 509; 32BJ SEIU; Americans for Immigrant Justice (AI Justice); y los solicitantes individuales de green card Areli Esmeralda Rojas Correa, Miriam Esther Moreno Coto, Maria Francisca Guardado, Ikechi Obinna Nwaozuzu, Derly Sierra Palacios y Julieth Melissa Camargo Figueroa.

Los demandantes solicitan al tribunal que bloquee y finalmente deje sin efecto estas políticas, y que exija a USCIS adjudicar las solicitudes de green card afectadas de conformidad con el precedente vinculante aplicable. Están representados por Democracy Forward, el American Immigration Council, la American Immigration Lawyers Association y Colombo & Hurd.

“Al utilizar como arma el proceso de la green card y amenazar a profesores, investigadores y estudiantes inmigrantes con una deportación repentina o con la separación forzada de sus familias, esta administración está saboteando la innovación científica y convirtiendo a nuestras universidades en entornos hostiles para el talento global que impulsa a nuestro país hacia adelante. El ataque de Trump contra los inmigrantes no solo es cruel e inhumano, sino que también debilita la competitividad global de nuestras instituciones de educación superior”, dijo Todd Wolfson, presidente de la American Association of University Professors.

“El profesorado y los estudiantes inmigrantes son esenciales para el éxito y la vitalidad de la educación superior y la investigación en Estados Unidos. Al hacer aún más difícil que académicos internacionales trabajen y vivan aquí, estas nuevas políticas crueles y contraproducentes reflejan tanto la amplia cruzada antiinmigrante de la administración Trump como su guerra inconstitucional contra las universidades. Pero Estados Unidos no puede ser un líder global en educación mientras le cierra las puertas al mundo, y siempre defenderemos a los miembros de nuestra comunidad académica cuando sean amenazados ilegalmente por esta administración al margen de la ley”, dijo Kirsten Weld, copresidenta del capítulo de Harvard University de la American Association of University Professors.

“BU AAUP condena las nuevas políticas de green card de la administración Trump, que imponen reglas gravosas y opacas a nuestro profesorado y estudiantado internacional. Las regulaciones revisadas desechan el precedente y el debido proceso, y amenazan la capacidad y la libertad de profesores y estudiantes para investigar, enseñar y aprender. Perjudican a miembros valiosos de nuestra comunidad e interfieren con la misión declarada de Boston University como institución internacional de investigación. Además, al dirigirse contra académicos no ciudadanos e imponer reglas externas que buscan limitar quién puede investigar y enseñar en las universidades estadounidenses, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos atenta contra la libertad académica, el principio fundamental de la educación superior”, dijo Mary Battenfeld, copresidenta del capítulo de Boston University de la American Association of University Professors.

“Los 2 millones de miembros de SEIU incluyen médicos, trabajadores de cuidados de larga duración, conserjes, agentes de seguridad, trabajadores aeroportuarios y otros. Muchos miembros de SEIU son ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero, residentes permanentes legales e inmigrantes autorizados para trabajar en Estados Unidos. Nos oponemos a cualquier política que haga más difícil que las personas trabajadoras desempeñen sus empleos y mantengan a sus familias”, dijo la secretaria-tesorera de SEIU, Rocío Sáenz. “Si se implementa, esta directiva afectará a personas que están siguiendo las reglas y navegando un sistema y proceso migratorio ya de por sí lleno de trabas burocráticas. Nuestro gobierno debería facilitar, no dificultar, que las familias permanezcan unidas y que los trabajadores conserven sus empleos para que puedan seguir contribuyendo a sus comunidades y a nuestra economía.”

Esta directiva trastorna la inmigración legal y las vías hacia la residencia permanente, amenaza la capacidad de nuestros miembros para ganarse la vida y además ejerce una mayor presión sobre nuestro sistema de salud si estos trabajadores se ven obligados a salir de Estados Unidos, dijo David Foley, presidente de SEIU Local 509. “Está claro que el enfoque de esta administración nunca ha sido mantener seguras a nuestras comunidades, sino expulsar de ellas a la mayor cantidad posible de inmigrantes por cualquier medio necesario. Las personas afectadas son nuestros hermanos y hermanas del sindicato, nuestros familiares y nuestros amigos.

Merecen dignidad y la oportunidad de permanecer con sus familias mientras recorren su camino hacia la residencia permanente.”

“La animadversión de la administración Trump hacia los inmigrantes es tan profunda que ahora está castigando a quienes han venido esforzándose por convertirse en residentes permanentes legales siguiendo las mismas reglas que innumerables inmigrantes han seguido durante generaciones. Como sindicato cuya membresía es mayoritariamente inmigrante, objetamos el daño que esto podría causar a familias y comunidades en todas partes, y deploramos la determinación de la administración de cerrarles las puertas a los inmigrantes de todas las maneras posibles, como un acto de crueldad descarada profundamente antiestadounidense”, dijo Manny Pastreich, presidente de 32BJ SEIU.

“El Congreso creó un proceso que permite que personas elegibles que ya viven en Estados Unidos busquen la residencia permanente sin desarraigar sus vidas ni salir del país. El poder ejecutivo no puede reescribir ese sistema y luego tratar las acciones lícitas de las personas como motivo para negarles dicha residencia permanente”, dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “Estas políticas están cambiando las reglas para familias, trabajadores, estudiantes y otras personas que han seguido el proceso legal y construido sus vidas aquí, poniéndolas en riesgo de ser separadas de sus seres queridos y de sus comunidades. Nos enorgullece representar a nuestros clientes en la impugnación de estas políticas ilegales y en la defensa del proceso establecido por el Congreso.”

“Durante décadas, las personas que cumplían con los requisitos para solicitar una green card desde dentro de Estados Unidos pudieron hacerlo sin que esa elección se utilizara en su contra. Pero bajo estas nuevas políticas radicales, la administración Trump está intentando revertir décadas de práctica y castigar a las personas por utilizar una vía legal creada por el Congreso”, dijo Leslie Dellon, abogada sénior de inmigración empresarial del American Immigration Council. “Se trata de un cambio de gran magnitud con consecuencias muy reales: cónyuges y padres separados de sus familias, trabajadores obligados a dejar sus empleos, estudiantes e investigadores apartados abruptamente de su trabajo, y personas potencialmente varadas en el extranjero durante meses o incluso años mientras esperan una cita consular. En un momento en que nuestro sistema migratorio ya está sepultado bajo retrasos acumulados durante años, la administración Trump está generando aún más incertidumbre y trastornos para personas que simplemente intentan seguir las reglas.”

“Nuestro sistema migratorio debe encarnar los valores que definen a Estados Unidos: equidad, transparencia, debido proceso y respeto por el Estado de derecho. AILA está litigando este caso en nombre de nuestros más de 18,000 miembros y de las personas, familias y empresas a las que representan, porque no se debe permitir que ninguna administración reescriba las reglas unilateralmente ni se coloque por encima de la ley. La Constitución estableció frenos y contrapesos por una razón. Instamos a los tribunales a que continúen actuando como salvaguarda frente al exceso del poder ejecutivo, y exhortamos al Congreso a ejercer su autoridad de supervisión para proteger la integridad de nuestro sistema migratorio y garantizar que sirva al interés nacional sin apartarse de nuestros valores compartidos”, dijo Jeff Joseph, presidente de la American Immigration Lawyers Association.

“Estas políticas hacen más que trastornar casos individuales de green card. Generan incertidumbre para los profesionales altamente calificados que impulsan la investigación, la atención médica, la educación y la innovación en Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere seguir siendo competitivo en la atracción y retención de talento global, no puede hacer que la residencia permanente legal sea más arbitraria y menos predecible para las personas que ya están construyendo sus vidas aquí”, dijo Sarah Wilson, socia y líder de la práctica de litigio federal de inmigración.

Las consecuencias ya son significativas. Según la demanda, las políticas impugnadas amenazan a las familias con separaciones prolongadas, a los trabajadores con la pérdida del empleo y de la autorización de trabajo, a los estudiantes y educadores con interrupciones en sus estudios y carreras, y a los empleadores y a las comunidades con la pérdida de personas que han construido sus vidas en Estados Unidos.

El caso es American Association of University Professors et al. v. U.S. Department of Homeland Security et al.

Lea la demanda aquí.